Julio será mes clave: conversaciones políticas se aceleran para alcanzar un acuerdo por el proyecto antievasión

Bajo siete llaves. Así de herméticas han sido las negociaciones políticas que llevan desarrollando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con los senadores de la comisión del ramo, con el objetivo de destrabar la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Desde cerca de un mes que las partes mantienen un diálogo fluido para ver fórmulas que viabilicen la aprobación de la idea de legislar el texto, que es el de mayor potencial recaudador del denominado pacto fiscal (1,5% del PIB). Ha habido reuniones presenciales, con los representantes del oficialismo Ricardo Lagos Weber y José Miguel Insulza (PS), y también por separado con los opositores José García Ruminot (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Felipe Kast (Evópoli).

Hacienda se abrió este martes a modificaciones al término de la exención del IVA para importaciones con un valor de hasta US$ 41. Analiza el modelo de Uruguay en la materia.

Hasta el minuto, los legisladores han sido acompañados por sus asesores legislativos, pero tras bambalinas mantienen un contacto fluido con técnicos de las tiendas para analizar los nudos de la tramitación. Por ejemplo, el senador Kast se encuentra trabajando con el exministro de Hacienda Ignacio Briones, el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel, el excoordinador de Política Tributaria de Hacienda, Manuel Alcalde, y el exvicepresidente de BancoEstado, Pablo Correa. Coloma analiza el tema con la excoordinadora tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, además de la directora Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Bárbara Bayolo, y su asesora María Carolina Infante; mientras que García hace lo propio con su asesor legislativo José Miguel Rey y el tributarista y presidente del Instituto Libertad, Sebastián Guerrero.

Según múltiples fuentes consultadas, las partes continuarían las conversaciones hasta la semana del 8 de julio, cuando se espera que se vote la idea de legislar, ya que entre el primero y el cuatro de ese mes concluye la etapa de audiencias del proyecto, incluidas dobles jornadas de sesión. Ahí, las partes sincerarán el nivel de consenso para así firmar un protocolo de acuerdo y luego convocar a una mesa técnica para analizar los temas más complejos del proyecto.

Desde ya, hay cuatro temas que serán parte de dicha comisión: la aplicación administrativa o judicial de la Norma General Antielusión (NGA); la flexibilización del levantamiento del secreto bancario; la creación del denunciante anónimo; y una nueva gobernanza para el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se espera que dicho grupo trabaje por cerca de un mes en un acuerdo y posteriores indicaciones, mientras que en paralelo avance la tramitación en particular en tópicos de fácil despacho, como la digitalización de la administración tributaria y las medidas para combatir la informalidad.

Las opciones sobre la mesa

En cuanto al secreto bancario, las conversaciones han girado en torno a agilizar el mecanismo para lograr el efectivo levantamiento y así evitar la prescripción de los eventuales delitos que se descubran en la fiscalización en curso. En caso de lograr un consenso en esa materia, Hacienda estaría disponible a mantener el procedimiento judicial vigente, en el que el SII debe justificar ante un tribunal la pertinencia de acceder a la información financiera de un contribuyente.

En la figura del denunciante anónimo, las partes siguen discutiendo la recompensa por aportar información relevante para una fiscalización y las sanciones para las denuncias maliciosamente falsas. Si bien el Ejecutivo accedió eliminar la recompensa del 10% de la multa, el oficialismo ha vuelto a arremeter sobre este tema. La oposición, en cambio, busca incrementar las penalidades para quienes realicen denuncias falsas.

¿Y la NGA? Su destino está íntimamente ligado a lo que ocurra con la gobernanza del SII y los cambios en algunas facultades. Por ejemplo, si se logra acuerdo en crear un consejo asesor robusto que sirva de contrapeso al actuar del director nacional, la oposición estaría disponible para que aplique la NGA sin pasar previamente por un Tribunal Tributario, o incluso darle más flexibilidad para levantar el secreto bancario.

Lo que estaría desechado es que el Senado intervenga en la designación del titular del SII. La oposición tampoco ve como una solución que se exima el puesto de los 12 cargos ADP que pueden ser removidos sin concurso en los seis primeros meses de una nueva administración, para darle mayor independencia del ciclo político.

Otros dos puntos complejos que se están analizando son la eliminación de la exención de IVA para las importaciones valoradas en hasta US$ 41 -a lo que se resiste la oposición y parte del oficialismo-; y los cambios al 27 bis, que norma la devolución del crédito IVA en adquisición de activo fijo. La preocupación de ChileVamos es que fijar un período máximo para la devolución (15 años, por ejemplo) pueda afectar a sectores más allá de la construcción. Teatinos 120 estaría disponible a modificar la redacción para acotar el impacto en la inversión.

Exención de IVA se toma sesión

La sesión de ayer de la comisión de Hacienda del Senado recibió audiencias de distintas organizaciones, como la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus); la Fundación de Estudios Sistémicos Tributatios (Fesit); la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información (ACTI); y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich).

En la cita, el principal tema de debate fue la eliminación de la exención de IVA para las importaciones de mercancías por un valor menor a US$ 41. Ahí, tanto ACTI como Conadecus se mostraron contrarios a la medida.

El co-coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Diego Riquelme, apoyó la medida en el afán de una mayor fiscalización al comercio informal, ya que se estima que parte importante de las ventas de ese rubro se nutre de este beneficio tributario. Y aportó datos: se espera que este año ingresen al país 22 millones de paquetes, de los cuales un 97% está valorizado en menos de US$ 41.

Por lo mismo, dijo que Hacienda está analizando el modelo de Uruguay, donde se pueden eximir de IVA un total de tres compras al año por un total máximo de US$ 200 en su conjunto, siempre y cuando sea realizado con tarjeta de crédito o débito. Eso sí, el abogado advirtió de las complejidades operativas para que Aduanas lograra relacionar paquetería con RUT específicos de contribuyentes.

Otra idea que está sobre la mesa, dijo el alto asesor de Hacienda, es mantener la eliminación de la exención de IVA, pero ampliar el techo del beneficio que exime del arancel aduanero a las importaciones de mercancías.